El cuestionamiento principal de la vigencia de los Derechos de Exportación (DEX), más allá de las alicuotas, es que son un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial, ha hecho que nuestro país desaproveche inmejorables oportunidades para la inversión y el desarrollo federal. Ha generado un inevitable retraso social, tecnológico y productivo, a pesar de los esfuerzos aislados de los productores y otros eslabones de la cadena por sostener la producción y el arraigo rural.
La presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta que ataca la competitividad del sector en cada provincia donde la cadena agroindustrial define el desarrollo, el empleo y la calidad de vida.
No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón. El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones.